Entrevista a Ramón Torrecillas, director general de la Fundación General CSIC (FGCSIC)
Ramón Torrecillas, Profesor de Investigación del CSIC y director general de Fundación General CSIC (FGCSIC). Físico y doctor en Ingeniería de Materiales, cuenta con una larga trayectoria de investigación en el ámbito de los nano y biomateriales y destaca por su faceta emprendedora.
Ramón, desde tu posición de director general de la FGCSIC ¿qué retos identificas actualmente en el sistema español para la atracción de talento científico?
El sistema español presenta múltiples retos estructurales que dificultan la atracción y retención de talento científico, incluso cuando se dispone de financiación suficiente. Entre ellos, yo destacaría, por un lado la rigidez legal y administrativa. La legislación española en materia de función pública y contratación en el ámbito científico es excesivamente restrictiva. Las leyes de estabilidad presupuestaria, las tasas de reposición, y la aplicación rígida del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) dificultan enormemente la incorporación ágil de personal investigador, incluso en proyectos competitivos financiados con fondos externos. La figura del contrato indefinido, actualmente obligatoria por la Ley de Ciencia para investigadores con más de tres años, genera incertidumbre para los centros, que no pueden asumir compromisos a largo plazo con fondos de duración limitada. Por otro lado hay una ausencia de herramientas contractuales competitivas. El sistema no permite ofrecer paquetes retributivos competitivos en comparación con otros países. Las horquillas salariales están limitadas por escalas preestablecidas que no reconocen adecuadamente la excelencia o la escasez de perfiles. No existen incentivos fiscales ni bonificaciones que favorezcan la atracción de talento desde el extranjero. Todo esto hay que unirlo a la desconexión que existe con el entorno empresarial y a las limitaciones en la movilidad. La legislación limita la movilidad público-privada y penaliza al personal investigador que pretende transitarentre centros públicos y empresas. Esta desconexión reduce la transferencia de conocimiento y desincentiva a científicos que desean compaginar investigación y actividad emprendedora. La burocracia y la falta de autonomía institucional es otro problema. Muchos centros de investigación carecen de autonomía real para tomar decisiones de contratación o retribución. La intervención de múltiples organismos (ministerios, universidades, hacienda, interventores) ralentiza o directamente bloquea procesos clave para atraer talento internacional.
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Para mí las acciones prioritarias a corto y medio plazo serían, por un lado la reforma legal del marco de contratación científica. Es prioritario habilitar fórmulas contractuales más flexibles y seguras (como el contrato ligado a proyectos competitivos plurianuales, con posibilidad de retribuciones variables y negociadas). Debe garantizarse seguridad jurídica tanto para el investigador como para el centro que lo contrata, el establecimiento de un régimen económico-laboral específico para el personal investigador, similar al que ya existe en otros países europeos. Este régimen permitiría definir escalas salariales más competitivas, incluyendo incentivos por productividad científica, atracción de fondos o transferencia de conocimiento. No tenemos que olvidar los incentivos fiscales y la necesaria simplificación administrativa para el retorno y atracción de talento internacional. Debería ampliarse y facilitarse el acceso al régimen fiscal de impatriados (“Ley Beckham”) para investigadores, así como reducir la carga burocrática para la homologación de títulos, concesión de visados y permisos de trabajo.
Otra acción prioritaria sería el fomento real de la colaboración público-privada y de la movilidad intersectorial. Tenemos que habilitar normativas que permitan al personal investigador colaborar con empresas o incluso participar en proyectos emprendedores sin perder derechos laborales o académicos. Deberíamos de dotar de verdadera autonomía a los centros de investigación para que puedan gestionar su presupuesto, contratar talento y decidir retribuciones con agilidad y responsabilidad, especialmente cuando manejan fondos competitivos no estructurales.
En fin, espero haber contestado a esta pregunta. Siempre quiero transmitir que España no solo necesita más inversión en ciencia; necesita urgentemente reformas legales y estructurales que eliminen las barreras que hoy nos hacen poco competitivos en el mercado global del talento. Sin estas reformas, los esfuerzos económicos seguirán siendo ineficientes y el país continuará perdiendo científicos altamente cualificados a favor de sistemas más flexibles y atractivos.
  De izquierda a derecha: Elisa Rivera, Directora General de Planificación, Coordinación y Transferencia del Conocimiento; César López-Palop, Presidente de la Fundación Domingo Martínez; Eloísa del Pino, Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Ramón Torrecillas, Director General de la Fundación General CSIC (FGCSIC). |
"El programa ComFuturo se ha consolidado como una herramienta estratégica para atraer, retener y proyectar talento científico de alto potencial." |
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En definitiva, ComFuturo no solo impulsa excelencia científica e innovación: demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera. Es un ejemplo concreto de cómo se pueden sortear, con inteligencia institucional, muchas de las barreras legales y organizativas que hoy frenan la competitividad científica de España. Apostar por su consolidación y extensión.
Gracias, Ramón. Para la Fundación Domingo Martínez, comprometida desde 2015 con el programa ComFuturo, no hay duda de que los cambios que mencionas son posibles y necesarios. Esperamos seguir apoyando la gran labor que realizáis de atracción de talento científico durante muchas más ediciones.
